Alicia Salgado:
En la edición del miércoles 5 de septiembre, bajo el título de La Chequera, en el diario El Financiero plasmaste tu muy personal interpretación de mis posiciones frente a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que constituyó un paso vital para la salvaguarda de la economía y los derechos financieros de aquellos deudores que, impedidos para pagar sus compromisos bancarios a causa de la mala situación de las finanzas nacionales, se ven acosados e incluso amenazados por terceros hasta pagar sus débitos a costa de su bienestar y el de sus familias.
Permíteme, en uso de mi más elemental derecho de réplica, hacer algunas precisiones a tu escrito:
1.- El cargo que ostento, de Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, no es autoasignado: se me otorgó, junto con la responsabilidad de realizar todas las tareas que implica, por la Convención Nacional Democrática como una vía para mantener vivos los proyectos socioeconómicos y financieros que para el bienestar del pueblo de México en general y de millones de mexicanos que hoy viven en la extrema pobreza en particular, propone la CND con la calidad moral que le confiere ser una indiscutible fuerza política en el país.
2.- No soy el único que piensa que con su resolución del 29 de agosto último, la SCJN “abre la puerta para que las personas cuya deuda fue traspasada a empresas de capital variable, que no sean instituciones de crédito, al Banco de México o fideicomisos establecidos por el gobierno federal, puedan ampararse ante tal cesión de derechos de cobro y se impugne el pago requerido”, sobre todo en lo que se refiere a la cartera vendida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En efecto, como tú “aclaras” aunque yo dije lo mismo en el comunicado que citas, se declaró la inconstitucionalidad no de la Ley de Instituciones de Crédito, sino de las facultades de excepción que se arroga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para, precisamente, permitir a los bancos vender cartera a terceros para que lucren con los problemas de los deudores.
Porque lo anterior, insisto, ha colocado a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiarios del problema de los deudores, al adquirir la deuda del IPAB o de los bancos con descuento de hasta 83%, en promedio, margen que se traduce en una ganancia directa para las administradoras y ningún beneficio para los deudores.
3.- Nadie afirma que las deudas no deban pagarse, pero sí es un hecho que la resolución de la SCJN bien puede permitir frenar a esas administradoras de cartera que actúan meramente como intermediarias, adquieren los créditos del IPAB o de los bancos a precios irrisorios y cobran la deuda a precios exorbitantes a los deudores: en promedio, por cada peso que ha vendido, el IPAB sólo ha recuperado 13 centavos, en claro perjuicio de la nación.
4.- Por último, me extraña la posición asumida en este caso por una reportera que me entrevistó varias veces en los últimos años en torno del escándalo del Fobaproa y que, en todas y cada una de dichas ocasiones, coincidió conmigo en considerar como una verdadera ignominia el rescate bancario; pero ahora parece ponerse abiertamente de lado de los bancos y en contra de los deudores que ven amenazado su patrimonio por la voracidad de terceros que aprovechan la coyuntura para lucrar con la deuda de millones de mexicanos.
En fin: aunque sin duda nuestros caminos se separaron y hoy defendemos intereses muy distintos, mantengo las puertas abiertas para eventuales futuras entrevistas mediante las cuales desees conocer o aclarar sobre este u otros asuntos.
Permíteme, en uso de mi más elemental derecho de réplica, hacer algunas precisiones a tu escrito:
1.- El cargo que ostento, de Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, no es autoasignado: se me otorgó, junto con la responsabilidad de realizar todas las tareas que implica, por la Convención Nacional Democrática como una vía para mantener vivos los proyectos socioeconómicos y financieros que para el bienestar del pueblo de México en general y de millones de mexicanos que hoy viven en la extrema pobreza en particular, propone la CND con la calidad moral que le confiere ser una indiscutible fuerza política en el país.
2.- No soy el único que piensa que con su resolución del 29 de agosto último, la SCJN “abre la puerta para que las personas cuya deuda fue traspasada a empresas de capital variable, que no sean instituciones de crédito, al Banco de México o fideicomisos establecidos por el gobierno federal, puedan ampararse ante tal cesión de derechos de cobro y se impugne el pago requerido”, sobre todo en lo que se refiere a la cartera vendida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En efecto, como tú “aclaras” aunque yo dije lo mismo en el comunicado que citas, se declaró la inconstitucionalidad no de la Ley de Instituciones de Crédito, sino de las facultades de excepción que se arroga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para, precisamente, permitir a los bancos vender cartera a terceros para que lucren con los problemas de los deudores.
Porque lo anterior, insisto, ha colocado a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiarios del problema de los deudores, al adquirir la deuda del IPAB o de los bancos con descuento de hasta 83%, en promedio, margen que se traduce en una ganancia directa para las administradoras y ningún beneficio para los deudores.
3.- Nadie afirma que las deudas no deban pagarse, pero sí es un hecho que la resolución de la SCJN bien puede permitir frenar a esas administradoras de cartera que actúan meramente como intermediarias, adquieren los créditos del IPAB o de los bancos a precios irrisorios y cobran la deuda a precios exorbitantes a los deudores: en promedio, por cada peso que ha vendido, el IPAB sólo ha recuperado 13 centavos, en claro perjuicio de la nación.
4.- Por último, me extraña la posición asumida en este caso por una reportera que me entrevistó varias veces en los últimos años en torno del escándalo del Fobaproa y que, en todas y cada una de dichas ocasiones, coincidió conmigo en considerar como una verdadera ignominia el rescate bancario; pero ahora parece ponerse abiertamente de lado de los bancos y en contra de los deudores que ven amenazado su patrimonio por la voracidad de terceros que aprovechan la coyuntura para lucrar con la deuda de millones de mexicanos.
En fin: aunque sin duda nuestros caminos se separaron y hoy defendemos intereses muy distintos, mantengo las puertas abiertas para eventuales futuras entrevistas mediante las cuales desees conocer o aclarar sobre este u otros asuntos.
Atte. Mario Di Costanzo
SECRETARIO DE HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
SECRETARIO DE HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
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