La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México ha seguido manifestando que las iniciativas y propuestas del gobierno espurio no responden a las necesidades del país, y no solo denuncia la mala política económica sino propone mirando por el bienestar de los mexicanos.
Aquí algunas notas donde los medios puntualmente dan a conocer información vertida por el Secretario Mario Di Costanzo:
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Sobre la ley del ISSSTE:
Aquí algunas notas donde los medios puntualmente dan a conocer información vertida por el Secretario Mario Di Costanzo:
Privilegios impiden un verdadero sentido redistributivo de la riqueza
Ciro Pérez Silva, La Jornada
La debilidad financiera a la que la hacienda pública podría estar expuesta generaría múltiples presiones para ceder al capital privado sectores de la exploración, producción, refinación y transporte de energéticos, entre otros, advierte en su exposición de motivos una iniciativa de ley para una reforma fiscal que "el presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, envió ayer a los coordinadores parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista
La iniciativa menciona que fue dada a conocer por el secretario de hacienda del "gobierno legítimo", Mario Di Costanzo, que no puede olvidarse que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 y el 11 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en otros países, incluso aquellos considerados en vías en desarrollo, la recaudación, en algunos casos, llega hasta 20 por ciento.
Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario -calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 5 por ciento del PIB- ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.
Acompañado por Andrés Manuel López Obrador, el funcionario sostiene que en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.
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Evasora de impuestos, la BMV: Di Constanzo
Colaboradores de Andrés Manuel López Obrador propusieron una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), para eliminar privilegios fiscales y obligar a las grandes empresas a pagar conforme a sus ingresos.
El proyecto pretende también gravar las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pues, aseguraron, se trata de un mecanismo de evasión de impuestos.
Con ello, explicó el economista Mario Di Constanzo, el fisco podría recaudar entre 180 mil millones y 200 mil millones de pesos anuales, que acompañados de la reducción importante de gasto mediante un programa de austeridad republicana, le permitirá contar con aproximadamente 300 mil millones de pesos.
“Esto es sólo una parte de lo que se concibe como la parte integral de la reforma, porque a esto habría que añadir una eficiencia recaudatoria”, dijo. En conferencia, detalló que con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos, el gobierno federal prevé recaudar entre 100 mil millones y 125 mil millones de pesos, mientras que la propuesta de López Obrador duplica la capacidad del Estado y su margen sobre las finanzas públicas.
Sobre la ley del ISSSTE:
Fovissste, un Fobaproa para Gordillo
Proceso 1586
El diputado Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y quien se opuso junto con los legisladores del PRD, Convergencia y PT a la nueva Ley del ISSSTE, advirtió el peligro de “bursatilizar la cartera actual del Fovissste” (el actual fondo de vivienda del instituto).
Su preocupación es que al abrirse la posibilidad de “vender” la cartera vencida de los trabajadores que han solicitado créditos al Fovissste y tienen adeudos, sus familias podrán ser desalojadas por quien “compre” dicha cartera.
Pero tanto el presidente de la Asociación Ciudadana del Magisterio, Noé Rivera (exoperador político de Gordillo), como el secretario de Hacienda del llamado gobierno legítimo, Mario di Costanzo, coinciden en advertir de otro peligro: la posibilidad de que todos los recursos del Fondo de Vivienda –las aportaciones mensuales de los trabajadores para tener derecho a adquirir una vivienda, la cartera vencida y el valor de los créditos de vivienda que ya ha otorgado el ISSSTE– se destinen a comprar inversiones en papel de gobierno o se vendan.
Actualmente el Fovissste asume esas funciones y cuenta para ello con una “comisión ejecutiva” de nueve miembros. Desde que Gordillo asumió en 1989 la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha mantenido el mayor número de posiciones en el organismo que decide a quiénes se entregan los créditos.
La nueva ley no establece la desaparición del Fovissste, pero menciona un nuevo Fondo de la Vivienda, que contará con su comisión ejecutiva: nueve representantes de gobierno (el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, un vocal ejecutivo propuesto por él, tres vocales de la SHCP, otro de la Comisión Nacional de Vivienda y uno por cada una de las siguientes secretarías: Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública), así como nueve representantes sindicales. De éstos, cinco le corresponderían a Gordillo y cuatro a Ayala, los dirigentes de burócratas reconocidos como los más importantes por el gobierno.
De esa forma, el nuevo fondo tiene los mismos vicios que el Pensionissste. El artículo 189 de la nueva ley establece que las aportaciones de los trabajadores y sus créditos de vivienda, “así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto... deberán ser transferidos a la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto por lo que respecta al Fondo de Vivienda”.
Y agrega: “Dichos recursos deberán invertirse en tanto se aplican los créditos a favor de los trabajadores a que se refiere esta sección, en valores a cargo del gobierno federal, a través del Banco de México e instrumentos de la Banca de Desarrollo”.
También autoriza a la SHCP para que los recursos se inviertan “en valores diversos a los señalados”, siempre que sean de alta calidad crediticia “o se bursatilice la cartera del Fondo de Vivienda”.
Según Di Costanzo, esto significa que con la autorización de la comisión ejecutiva controlada por Gordillo, el Banco de México podrá echar mano del dinero aportado por los trabajadores al Fovissste para adquirir bonos de gobierno, ya sean Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), bonos de desarrollo (Bondes) o bonos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
A su vez, Hacienda puede autorizar que los créditos ya entregados a trabajadores que no han podido liquidarlos, se vendan en el mercado financiero, incluyendo a las administradoras de cartera, y éstas podrán revender los derechos de cobro de esos créditos. El problema, señala Di Costanzo, es que esta reventa puede hacerse muy por debajo del valor del crédito original y de esa forma se abriría la puerta a que se vendieran casas a precios ínfimos, como lo hizo el IPAB con los créditos del Fobaproa.
Pero también Hacienda puede determinar discrecionalmente cuáles instrumentos financieros son “de alta calidad crediticia” –cuyo cobro sea seguro–, por lo cual esos fondos podrían invertirse en infraestructura carretera, exploración de gas y petróleo o en acciones del Grupo Alfa, por ejemplo.
